miércoles, 8 de noviembre de 2017

“La Contraloría General del Estado se ha convertido en una herramienta de persecución y presión política a quienes defienden el legado del proyecto de la revolución ciudadana a favor del pueblo”: Marcela Aguiñaga




La asambleísta guayasense, Marcela Aguiñaga, criticó a la Contraloría General del Estado y dijo que se ha convertido en una herramienta de persecución y presión política a quienes defienden el legado del proyecto de la revolución ciudadana a favor del pueblo.

“Este proceso está lleno de inconsistencias y arbitrariedades con demoras injustificadas; se ignoran mis argumentos y pruebas de descargo respaldados con documentos de instituciones públicas y se llega al punto de pretender aplicar la ley retroactivamente en la compra-venta de terrenos para el Parque Samanes”, dijo Aguiñaga en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Señaló que no es coincidencia que esta notificación haya ocurrido el pasado 6 de noviembre, “un año y medio después, y justo cuando he sido crítica de las actuaciones de la Contraloría”.

La Contraloría estableció una responsabilidad civil culposa en contra de Aguiñaga por USD 41 090 491,04. Según el organismo, lo que "legalmente" correspondía en la compra de 66 macro lotes era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil. Mientras el Miduvi sostenía que el costo de los terrenos era de USD 43,8 millones, el Municipio aseguraba que "era" solamente de USD 7,1 millones.

Aguiñaga señala que, la Contraloría no explicó que el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas establecía que el avalúo de la Dirección municipal procedía únicamente en casos de expropiación y meramente con carácter referencial.

“Así lo disponía la Ley vigente en el 2011, después reformada. En mi gestión como ministra de Ambiente no se realizó ninguna expropiación; en este caso fue una compra-venta entre instituciones del Estado”, dijo la legisladora.

También criticó que en un “grave desconocimiento jurídico”, el organismo de control ignoró que esa zona fue declarada área protegida, por lo que era de exclusiva competencia del Gobierno Central y sin la necesidad de intervención alguna de una autoridad seccional.

Aguiñaga manifestó que tampoco se dio valor al oficio firmado por el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, en el que se señaló que se procedió a una compensación de obligaciones entre el Estado y el ISSFA. Ese valor es por los USD 41 millones. “Con el cual se evidencia que no hay perjuicio para el Estado”.

“La Contraloría desconoce documentos oficiales emitidos por el ministro de Finanzas, que dicho dinero se encuentra en las arcas fiscales”, anotó.

Finalmente puntualizó que dentro del plazo pertinente presentará las acciones que la Ley la asisten en contra de “esta ilegitima resolución”.


 Fuente: ElComercio.com

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